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La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, de reforma del Código penal, con
vigencia desde el 1 de julio de 2015, ha venido a implantar, de forma
defi nitiva, la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. La
propia Ley establece la posibilidad de obtener un eximente o atenuante
de su responsabilidad (con las condiciones y requisitos que en ella se
establecen), si la empresa dispone de un Programa de Compliance Penal,
adaptado a sus específi cas circunstancias y a la concreta situación en
la que la misma se encuentre en el momento de su realización.
La
implementación de un Programa de COMPLIANCE PENAL o Plan de Prevención
del Riesgo Penal, conlleva la implantación de controles, protocolos y
normas de actuación, que pueden suponer una carga excesiva para las
MEDIANAS EMPRESAS, si pretenden implantarlo en su integridad.
En esta
obra, se pretende presentar esta modifi cación legislativa, desde una
óptica económica, centrándose en los posibles benefi cios que su
implantación parcial y escalonada, podría reportar para las Medianas e
incluso Pequeñas Empresas. Con ello, se pretende hacer una primera
visualización de las ventajas de la implementación del Compliance Penal,
que si bien podría parecer totalmente fuera de su órbita de actuación,
pondría a su alcance unas posibilidades de mejora en los controles e
incluso de benefi cios directos para ellas.