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La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho.
Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de
julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de
sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la
dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles
para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la
actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de
los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración.

Las cuatro décadas
transcurridas desde que aquella Ley se aprobó han traído consigo numerosos y
trascendentales cambios, en el ordenamiento jurídico, en las instituciones
político-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar
los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no
obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no
está ajustada a la evolución del ordenamiento y a las demandas que la sociedad
dirige a la Administración de Justicia.

Ante todo, hay que tener en
cuenta el impacto producido por la Constitución de 1978.