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En diciembre de 1983, a pocos días de jurar como presidente de la Nación, en un contexto donde el poder de las fuerzas armadas era aún enorme, Raúl Alfonsín firmó los decretos que promovieron, respectivamente, el juicio a las juntas militares que habían usurpado el poder en 1976, la persecución penal de los líderes del ERP y Montoneros, y la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Persuadido de que una solución moral y jurídica a las atrocidades del terrorismo de Estado era condición de posibilidad de la democracia, el coraje de sus decisiones escribió una página enteramente nueva en la historia argentina y mundial de la política sobre derechos humanos. Esta obra, verdadero documento histórico, revela la génesis de esas decisiones a partir del testimonio en primera persona de sus protagonistas: los que acompañaron y asesoraron al presidente y quienes juzgaron y condenaron a los militares. Al mismo tiempo, puede leerse como necesario recordatorio de aquello que más allá de cualquier coyuntura debería seguir resultando irrenunciable: el valor de la institucionalidad y la juridicidad en la construcción de ciudadanía republicana. A cuarenta años de esos tres decretos históricos, haciendo oídos sordos a la vocinglería fatua que pretende desconocerlo todo, este libro celebra la democracia argentina.